viernes, 11 de septiembre de 2009

Funcionarios, sueldo y productividad

La remuneración que pagan todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y municipal) supone un tercio de todo el gasto público, se trata del doble de los ingresos que Hacienda preve recaudar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Un gasto desproporcionado para los servicios que presta el estado y el número de personas que lo prestan. El sector público vive ajeno a la realidad económica. Mientras que en el último año se han destruido cientos de miles de puestos de trabajo, hasta junio, el número de funcionarios aumentó en 109.300 personas hasta alcanzar la cifra de 3.051.100 (prácticamente uno de cada cinco asalariados en España le pago la nómina la Administración pública). El nivel de servicios prestado a los ciudadanos no aumenta, se mantiene ¿por que sigue aumentando el número de funcionarios?

Ojo!!! No estoy diciendo que haya que acabar con el sistema, sino que es necesaria una profunda reestructuración. Hay que evaluar que servicios son imprescindibles para la sociedad (sanidad, educación, justicia,...) y cuales no. Hay que evaluar el número de empleados necesarios para dar un servicio de calidad. Deberían regirse por un criterios de productividad (en muchas áreas existen muchos funcionarios y una baja productividad) ¿Y eso de que el puesto de trabajo es para toda la vida? No.Si no das el resultado esperado, búscate otro trabajo y deja tu puesto a otra persona que realmente rinda por lo que se le paga. Todos sabemos que cuando tenemos un puesto asegurado de por vida... acabamos relajándonos.

Otra tema es las asignaciones presupuestarias. A un área dentro de la administración le asignan un presupuesto y para que el próximo año la asignación sea igual o superior, deben gastar ese dinero ya esté bien empleado o no. Seguro que antes de subir los impuestos existen muchos más gastos que se pueden recortar.

Es necesario una reestructuración radical del sistema funcional español.

En esta etapa de crisis, todos nos apretamos el cinturón excepto ellos. Mientras trabajadores de la empresa privada sufrimos congelación salarial (no digo ya en la crisis, sino también cuando no la hay), ellos dicen que no aceptarán una congelación salarial. Los sindicatos negociando pero ¿quien defiende nuestros derechos?
Un informe de la Agencia Tributaria desmonta la creencia de que los trabajadores del sector privado ganan más que los públicos. En el 2008 un trabajador público recibió de media 28.321 euros brutos, mientras que la renta individual del privado se situó en 21.032 euros. No sólo miremos el dinero sino la cantidad de beneficios sociales con los que cuentan.

¿Para esto es necesario una subida de impuestos? No para aumentar el nivel de servicios que se prestan a los ciudadanos, sino ya para mantenerlos (¿o para mantener el sueldo de los funcionarios?)